Por ejemplo, con la suscripción de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (suscrita el 15 de mayo de 2008) se puso en marcha un mecanismo excluyente del resto de los maestros, justificado a partir de metas abstractas y deseos que no han redundado en ningún cambio a favor de la educación, y las evidencias son harto conocidas. Esta alianza entre Calderón y el grupo que comanda Elba Esther Gordillo fue el motivo, además, de constantes desatinos de la entonces secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, quien tuvo que sufrir la pena de su extravío cuando el mismo Calderón la llamó a rendir cuentas “mes tras mes” al SNTE, y después enfrentar reclamos de que desatendía los acuerdos de la Alianza en la búsqueda de su candidatura por el PAN.

El grupo de Elba Esther ya no puede garantizar votos, pero sí marrullerías, y habrá que ver quién se atreve a recurrir a ellas para atraer sufragios. Tampoco da imagen política, sino todo lo contrario, y lo peor es que, por donde se le vea, ha demostrado ser el obstáculo más grande para mejorar nuestra educación. Sin embargo, no olvidemos que este grupo y su dirigente no van solitos, pues han sido arropados para evitar que ocurra una verdadera reforma educativa. Sería verdaderamente cínico quien adujera lo contrario.

Luego de años de lucrativas labores en el Medio Oriente y Asia Central, donde su presencia fue en ocasiones manchada por incidentes de uso excesivo de fuerza y malas conductas, distintas firmas de seguridad buscan entrar a México con un enfoque ligeramente distinto debido a las restrictivas leyes de portación de armas que existen en el país.

La contratista DynCorp International, especializada en operaciones por aire y satelitales, fuerza terrestre y naval, cuenta con vacantes en México para instructores de aviación y mecánicos; Kroll está buscando especialistas antisecuestros para proteger a empresarios mexicanos; la compañía MPRI entrena a soldados mexicanos en técnicas de contrainsurgencia, advierte el diario.

Estas compañías se ven motivadas por las grandes sumas de dinero que el gobierno de Estados Unidos dedica a los contratistas alrededor del mundo. Por ejemplo, en noviembre pasado el programa de antinarcoterrorismo del Pentágono solicitó 3 mil millones de dólares en contratos a nivel mundial, con una cantidad aún no especificada para México.

Por su parte, el Departamento de Estado ha prometido unos 2 mil millones de dólares en ayuda para México a través de la Iniciativa Mérida, y el Post prevé que gran parte de ese dinero vaya para compañías estadounidenses que pueden proveer de equipo y servicios al gobierno mexicano.

Un creciente número de ex militares y militares en funciones en Estados Unidos está entrenando a las fuerzas federales mexicanas en tareas de contrainsurgencia, vigilancia electrónica y otras técnicas.

Los pagos de estos profesionales salen de la ayuda que EU envía a México a través de la Iniciativa Mérida, aunque a otros contratistas les paga el gobierno mexicano, según datos que cita el diario.

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Pinche iniciativa merida

El 15 de enero, hace una semana, vinculó, a propósito de un spot de la campaña electoral del PRI donde se habla que cuidarán a los recién nacidos su situación personal con el mensaje partidista.

“Si con quién???? con ENRIQUE PEÑA??? si NO lo ha hecho con su propio hijo, DE VERDAD CREEN QUE LO HARA CON TODOS????”.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), invocó la inmunidad soberana que prevé la ley en Estados Unidos, a favor del ex presidente Ernesto Zedillo, a fin de que se deseche la demanda que se presentó en su contra en una Corte estadounidense por la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.

La denuncia contra Zedillo por delitos de lesa humanidad fue presentada en septiembre pasado ante la Corte Federal en Hartford, Connecticut, ya que reside en el estado y es profesor en la Universidad de Yale en New Haven.

Esta denuncia es viable ya que existen la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que data de 1991, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, de 1992, las cuales permiten a ciudadanos de otros países emprender acciones legales en las cortes de Estados Unidos contra presuntos responsables.

Sin embargo, los gobiernos extranjeros no pueden ser encausados en Estados Unidos, de acuerdo con la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FIAS por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1976, que es la que invocó la Cancillería a favor de Zedillo, y que se aplica en casos de Estados o funcionarios, donde los jueces norteamearicanos renuncian a someter a juicios mercantiles, penales o financieros a un demandado.

Roger Kobert, uno de los abogados de los demandantes, declaró a la agencia Notimex que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar que la Corte lo exima de toda responsabilidad.